El avance de la IA plantea nuevos desafíos para el derecho penal, especialmente frente al uso de voces clonadas, fotografías manipuladas, documentos falsos y evidencia digital.
Una voz clonada para pedir dinero, una fotografía manipulada para dañar una reputación o un video falso que parece real. La inteligencia artificial ya permite crear este tipo de contenidos en cuestión de minutos, y el derecho enfrenta una pregunta cada vez más urgente: ¿quién responde cuando esta tecnología se usa para engañar, manipular o cometer un delito?
En Perú, las denuncias por ciberdelincuencia pasaron de 19,101 en 2021 a 44,703 en 2025, un incremento de 134% en cinco años. Este escenario se vuelve más complejo si se considera que el 79.5% de la población peruana se conecta a internet a diario y existen más de 24.5 millones de identidades activas en redes sociales.
El problema no es la IA, sino cómo se usa
Para Dino Carlos Caro, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica del Perú, el debate no pasa solo por crear nuevas leyes, sino por definir responsabilidades frente al uso de estas herramientas.
“El debate central hoy es determinar quién responde por el diseño, la supervisión y el uso de la inteligencia artificial. La tecnología avanza más rápido que las definiciones jurídicas, y eso exige que el sistema legal se adapte con criterio profesional a los nuevos escenarios digitales”, sostuvo el especialista en derecho penal y compliance.
Fraudes más creíbles y pruebas más difíciles de verificar
El avance de la IA abre la puerta a nuevas formas de fraude: audios clonados, imágenes alteradas, documentos generados artificialmente o conversaciones digitales que podrían ser usadas dentro de un proceso legal.
A nivel global, los contenidos falsos generados con IA —como imágenes, audios y videos manipulados— aumentaron más de 245% en el último año. Además, en 2025 se registraron 2,130 vulnerabilidades vinculadas a la IA, cifra que podría llegar a 3,600 casos en 2026.
La IA no reemplaza el criterio jurídico
Aunque la IA puede ayudar en la búsqueda de información, revisión documental o análisis de grandes volúmenes de datos, no reemplaza la interpretación jurídica ni la determinación de responsabilidades.
“La IA puede optimizar búsquedas, revisión documental y análisis de información, pero no puede reemplazar la interpretación normativa ni la determinación de responsabilidades”, señaló Caro.
En esa línea, el especialista consideró necesario contar con protocolos claros sobre evidencia digital, allanamientos virtuales y uso de IA en procesos judiciales, además de avanzar hacia juzgados especializados en cibercrimen.
Una responsabilidad compartida
Frente a estos riesgos, la respuesta no depende de un solo actor. El Estado debe aplicar y actualizar el marco normativo; las empresas tecnológicas deben transparentar cómo usan la información; y las universidades deben formar abogados capaces de entender la relación entre tecnología, ética y derecho.
Estas reflexiones fueron planteadas en el Conversatorio N.° XCVII “Derecho Penal, Compliance e Inteligencia Artificial”, organizado por la Asociación Internacional de Compliance, el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa y el Grupo Peruano de la AIDP, con el coauspicio de la Universidad Politécnica del Perú, entre otras organizaciones.
